Revista #49 Noviembre 2011 > Sociedad y Cultura

DE REDES SE TRATA

Todos los fines de semana se allanan inmuebles sospechados de albergar esclavas sexuales. Mujeres y niñas. Las autoridades provinciales vienen ensayando respuestas para acompañar la persecución a las mafias que manejan este buen negocio pero el escenario es complejo. Recursos escasos, complicidad policial y poco margen de maniobra ante un delito federal. Fuentes especializadas de la Procuración de la Corte bonaerense analizan el panorama en una entrevista exclusiva

Por Milva Benitez y Josefina López Mac Kenzie (*)

La provincia de Buenos Aires es un destino habitual para muchas mujeres y niñas pobres que, secuestradas o seducidas con ofertas laborales, terminan lejos de su entorno y explotadas sexualmente. Las víctimas provienen sobre todo del norte argentino, de República Dominicana y de Paraguay, desde donde ingresan, por ejemplo, por alguno de los 39 pasos fronterizos que tiene Misiones.

Ya en suelo bonaerense, las redes de trata las obligan a prostituirse en lugares que las legislaciones municipales suelen tolerar tras fachadas eufemísticas como café-bar, night club, whiskería o “local de actividades incómodas”.

Funcionarios de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Delitos Conexos a la Trata de Personas de la Procuración General de la Suprema Corte, creada el año pasado, informan que en la Provincia “cada fin de semana se producen entre tres y cuatro allanamientos”, que van tras la pista de delitos a los que suele estar asociada la trata. Por ejemplo, corrupción de menores, reducción a servidumbre o infracción de leyes que prohíben la explotación de terceras personas en prostíbulos. Porque “cuando entrás a un prostíbulo te podés encontrar con víctimas de trata”, aseguran en una entrevista exclusiva integrantes de dicha Comisión, que intervino en procedimientos recientes en Florencio Varela, Trenque Lauquen, Chacabuco, Junín, Pergamino, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Dolores y Bahía Blanca, entre otros puntos de la provincia.

Si bien la trata es un delito federal, los fiscales provinciales han sido instruidos por la Procuración para intervenir en el vasto territorio bonaerense. Las “cuestiones de competencia no pueden paralizar la investigación”, advierten, pero saben que “existe el riesgo de que te puedan pedir nulidades, y eso exige extremo cuidado sobre criterios para la validación y construcción de la prueba in situ”. Es que, lo saben los expertos en el tema: contra las redes hay que ir en red, pero falta mucho para que el marco legal y las estructuras de acción disponibles le pisen los talones a esta telaraña que hoy somete a unos 6 millones de personas en el mundo.

También falta inversión y sistematización. Desde la Comisión señalan que los recursos “siguen siendo los mismos que teníamos  antes”. Y mientras en Azul, por ejemplo, hay fiscales y ayudantes que amén de sus otras tareas se especializaron en la investigación de delitos conexos a la trata, otros departamentos judiciales carecen de esa figura. En este contexto, a veces las acciones se coordinan con autoridades federales, como sucedió en Mar del Plata. Pero si no, todo depende de la pericia de quienes investigan.

Ese viejo negocio policial

En algunas investigaciones iniciadas y, principalmente, a partir del relato de las víctimas, funcionarios de la Policía Bonaerense fueron señalados como cómplices de un delito que se encuentra entre los tres más lucrativos del mundo, con ingresos anuales que superan los 32 mil millones de dólares. Suelen ser dueños de los burdeles o proteger a los proxenetas a cambio de coimas o servicios sexuales, señalaron desde la Oficina para el Monitoreo y Lucha contra el Tráfico de Personas del Departamento de Estado estadounidense en su último informe, difundido en junio pasado.

Un ejemplo es una investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración General de nuestro país que implicó a 90 policías bonaerenses, 5 de los cuales fueron apartados de sus cargos en marzo. El informe de EEUU agrega: “En algunos de estos burdeles se explotaban niños”.

A diferencia de lo que sucede con otras 15 Policías provinciales, entre las que se encuentran las de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Santiago del Estero, la Bonaerense no cuenta con unidades específicas para la investigación de la trata de personas. Los prostíbulos, es vox pópuli, es uno de los negocios ilegales más caros a esta fuerza.

Castigo miserable

 En marzo, en Mar del Plata, siete personas fueron condenadas por haber obligado a mujeres provenientes de Paraguay a ejercer la prostitución en locales que funcionaban bajo su regencia en Miramar, Balcarce y el paraje El Coyunco, en General Pueyrredón. No hubo juicio oral porque los imputados reconocieron los hechos y lograron un acuerdo que se conoce como juicio abreviado y puede redundar en condenas de hasta 6 años. En este caso, fueron de entre 2 y 5 años de prisión. La ley argentina de trata prevé penas privativas de la libertad de entre 3 y  15 años si las víctimas son menores de edad.

Otro tanto ha sucedido en La Plata. En los últimos tiempos hubo al menos cuatro sentencias en casos que reunieron a más de 20 víctimas −algunas, menores de 18 años— y, salvo en un caso, se dictaron condenas menores a 6 años de cárcel para quienes regenteaban los prostíbulos. En esos lugares, las víctimas eran sometidas “en el horario de apertura hasta el cierre, sin solución de continuidad, pese a dolencias físicas, estados de enfermedad u otra situación análoga, con restricción de su libertad ambulatoria y de la libre disposición dineraria, amenazadas bajo diferentes formas a fin de asegurar su permanencia en el lugar”, como se lee en uno de los fallos a los que accedió 2016, que describe un local ubicado en la calle 41 n° 714 de la capital provincial.

En el territorio nacional hubo más de 2.130 personas rescatadas de la trata desde 2008 en “casi un millar de procedimientos”, pero se iniciaron apenas 30 causas y las condenas han sido exiguas.

El alcance de los municipios

El Concejo Deliberante de La Plata recientemente sancionó una ordenanza para cerrar los locales de “actividades incómodas” (denominación que alcanza cafeterías, lugares bailables y restaurantes con música o manifestaciones artísticas) donde haya prostitución y se sospeche de trata. La norma, de cuya elaboración participó la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Procuración, fue impulsada por Jacinta Tritten (Peronismo Federal), se fundamenta en la ley nacional y plantea que en la ciudad “hay locales que no están habilitados, como los privados, en los que no tenés forma de saber cuántos hay, y otros, perfectamente habilitados pero como otras cosas”.

Es limitado el margen de acción municipal ante la trata, pero redes hay en todos lados y algunas legislaciones locales las amparan. La organización La Alameda asegura que en La Plata hay cerca de mil mujeres esclavizadas en alrededor de 70 prostíbulos y la ruta 2 es una zona prolífica en cabarets según denuncias de medios locales. Otra de las causas judiciales que se instruyeron en la ciudad capital de la provincia, por la cual fueron condenadas tres personas, se originó porque una mujer logró escapar del burdel que funcionaba en 38 nº 987, entre 14 y 15, tras haber sido “encerrada en el lugar y, mediante el empleo de amenazas, obligada a mantener relaciones sexuales con eventuales clientes”.

Del análisis de las condenas dictadas en el ámbito nacional surge que en más de la mitad de los casos los locales no fueron clausurados tras la acción judicial.

No hay rescate si quedan a la deriva

En mayo, la relatora de la ONU sobre trata advirtió que en Argentina una de las principales limitaciones es la “falta de adecuados y suficientes albergues” para las mujeres rescatadas de las redes. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no cuenta con refugios específicos para albergar a las víctimas.

Alberto Palacio, director del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, informó que cuando desde la Procuración requirieron asistencia de la Provincia “las mujeres fueron alojadas en albergues destinados a las víctimas de violencia de género” y paliaron la situación con recursos del Ministerio de Desarrollo. Otro tanto sucede cuando las víctimas son niñas: “Depende de la edad; en algunos casos se les da una casa de abrigo o tratamos de recurrir a un servicio zonal o local cercano al último domicilio”, indicó la Directora de Control y Aplicación de Normas para la Niñez y la Adolescencia, Yanina Estévez.

Los integrantes de la Comisión recién creada por la Procuración bonaerense aseguran que “más del 50% de los recursos para los allanamientos y para la asistencia de las niñas y las mujeres son de la Nación, a través de la Oficina de Rescate y Asistencia a las Víctimas, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia”.

Antes las mujeres dependían del lugar que pudiera haber en refugios gestionados por ONGs. En febrero de 2010, la Oficina de Rescate abrió un refugio propio. Sin embargo, sólo tiene previsto dar asistencia a las víctimas hasta que éstas declaran en un proceso judicial. La relatora internacional llamó la atención sobre este punto. Al referir el caso de una niña que fue abusada y explotada sexualmente “por un hombre que dirigía un pequeño negocio en su barrio”, dijo: “Desde el momento en que se presentó en la Policía una denuncia oficial contra el traficante de A, en 2006, hasta que éste fue arrestado en 2010, el hombre mantuvo contacto con su víctima, acosándola constantemente, presionándola para que retirase los cargos y para que no testificara en su contra. Durante ese tiempo, además, él continuó dirigiendo una red de explotación sexual de niñas en su barrio”.

El estado después las deja nuevamente solas, sin garantías de asesoramiento psicológico ni protección. «

(*) Fe de errata: en la versión impresa del Nº 49 de la revista 2016, se vinculó erróneamente a las autoras de este articulo con la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata.  Por pedido expreso de ambas periodista aclaramos que Milva Benitez y Josefina López Mac Kenzie no tienen vinculación con dicha oficina, y que dicha relación se trató sólo de un error de edición.