BREVES

Causa Noble: "La resolución de Bergesio es inentendibe"

Así lo expresó a P&M el abogado de la familia Lanoscou, Pablo Llonto, respecto del pronunciamiento del magistrado, quien, luego de enviar las muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos, resolvió que se debía cumplir con la ley que ordena que eso se realice. Según Llonto, "la táctica de los abogados de Noble, con el guiño del juez, es dejar pasar el tiempo porque si ella muriera, ya no quedarían culpables".

Revista #45 Enero 2011 > Politica Nacional

Las puertas de la ley

Acceso a la Justicia. La justicia como discurso político. Jueces y sentencias en el banquillo del debate público. El “acceso a la Justicia”, algo de lo que no se habla.


Por Federico Arabia

La Justicia es una incógnita, una palabra difícil, indefinible. La justicia se puede reclamar, exigir o invocar. Está entre los hombres, en oficinas y archivos, en sentencias y en hechos, pero también está en los cielos, en la imaginación de los pueblos, en santos y  representaciones, ya sea una balanza, un jinete aplastando un dragón o unas manos extendidas. La palabra “justicia” aparece en banderas y en hojas oficio, en escritos judiciales y graffitis, grabada en una estatua y hasta tatuada en el brazo de un pibe que perdió a su hermano en una represión policial, como la marca de una herida sin cicatrizar.

Al parecer, la justicia siempre fue mujer: ciega, pálida, de mediana estatura y cabello ondulado. En la imagen mitológica de Temis (diosa griega de la justicia), la espada representa la fuerza. Los griegos entendieron que la fuerza era necesaria para ejercer el poder y que sin éste no se podía impartir justicia. La balanza, en cambio, representa el equilibrio, la institucionalidad. Sin espada, la balanza era puro teorema. La espada sin balanza, mera brutalidad.

Los discursos políticos dibujan su propia imagen de la justicia. Durante muchos años, hubo sobre los jueces una idea inmaculada, más cercana a las estatuas y monumentos que a hombres de carne y hueso. Ejemplo de esta justicia eran las pruebas de las “ordalías” que se llevaban a cabo en los procedimientos penales de la Edad Media. Una era la prueba del fuego. El acusado por algún delito debía caminar por brasas ardientes. Si los pies sanaban prontamente, aquello era prueba de su inocencia; por el contrario, si demoraba en sanar, “Dios no estaba a favor de él” y era considerado culpable “iure et de iure” (de pleno derecho).   

Por estos pagos, en el Siglo XIX y bajo la autoridad de Urquiza se sanciona la “Ley de Vagos”. Las personas que no poseían ningún bien o carecían de oficio eran consideradas como “vagos” y obligadas a realizar trabajos forzosos o servir al ejército. La ley lograba así transferir mano de obra gratuita al patrón. Los jueces de paz eran los encargados de resolver estos “procesos penales” que se llevaban a cabo prácticamente sin testigos (a veces con un  comisario o algún ciudadano complaciente) y sin que el acusado tuviera la posibilidad de apelar su decisión.

Hoy, el proceso legal contemplado en la Constitución es un componente del Estado de Derecho. Sin embargo, la justicia y el papel de los jueces continúa siendo un espacio de de lucha para lograr su democratización. Las medidas corporativas de algunos jueces son parecidas en su estructura al papel que jugaban el juez de Paz o el verdugo, sólo que ahora en lugar del patrón o el rey, los beneficiarios son los grupos económicos.

Hoy, los jueces son colocados en el centro del debate público. Desde la depuración (tal vez la palabra sea exagerada) de la Corte Suprema menemista funcional y antipopular, pasando por una mayor publicidad de la actividad de los magistrados, hasta la discusión sobre su intromisión en otros poderes del estado (la famosa judicialización de la política), hicieron visible entre los hombres a esta diosa de la justicia, que hasta ahora gozaba de un anonimato VIP.

Las propuestas sobre el modo de funcionamiento de la justicia no son más que el resorte de un modo particular de ver la política. Por ejemplo, el 31 de agosto, los abogados de la Capital Federal votaron a su candidato para integrar el Consejo de la Magistratura. Recordemos que el Consejo de la Magistratura está compuesto por 13 integrantes (legisladores, jueces, abogados y representantes del Poder Ejecutivo). El ganador fue el Dr. Alejandro Fargosi. Incluso una mirada desatenta podría ver en la campaña electoral  una legítima preocupación por la independencia de los jueces. El discurso del Dr. Fargosi se centró en limpiar de kirchneristas el Consejo de la Magistratura. “Sacá a los K del Consejo”, rezaba el eslogan. La lista de Fargosi está compartida con un radical, el Dr. Zanneta, y lleva el aval del turbio colegio de abogados de la calle Montevideo,  junto con el apoyo de Grondona, Martínez de Hoz y Aramburu. La alianza entre el radicalismo, el PRO y el sector liderado por Fargosi, fue claramente constituida para desalojar al kirchnerismo. Así lo han confesado sus propios integrantes. No resulta difícil pensar cuál será el criterio de selección y modificación de los jueces para estos candidatos. Proyectemos un poco: ¿Cómo evaluarán éstos “independientes” la actividad de Oyarbide en el juicio contra Macri?

Ante la ley

“Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta al guardián y le pide que le deje entrar. Pero el guardián contesta que de momento no puede dejarlo pasar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde se lo permitirá. Es posible - contesta el guardián -, pero por ahora no”.

El fragmento es el comienzo de un cuento de Kafka, “Ante la ley”. Kafka tiene esa particularidad, basta con reproducir unas pocas líneas para tener una completa visión de lo que está sucediendo y de lo que sucederá en el relato. “Es posible – contesta el guardián – pero por ahora no”. La justicia es una palabra difícil. Pero más dificultoso es acceder a los tribunales. Y son, precisamente, los sectores más relegados los que mayores dificultades tienen para que sus demandas sean receptadas. La diferencia entre quienes tienen la posibilidad de demandar y quienes no define la política de un sistema judicial. El mismo Lorenzetti confesó esta carencia: “La inseguridad jurídica es la que tiene el excluido”. Un sopapo jurídico para aquellos constitucionalistas que sólo se refieren a esa palabra cuando están en riesgo los márgenes de rentabilidad de algunos de sus defendidos.

Las organizaciones que brindan asesoramiento jurídico históricamente funcionaron como una especie de beneficencia de los Colegios de Abogados. Estos servicios de asesoramiento otorgan escasos turnos y las personas no reciben una atención integral a sus demandas. En el momento de la jura, un abogado recién recibido es consultado por las autoridades del respectivo colegio al que se matricula: “¿Jura usted defender a los pobres llegado el caso?” La pregunta es una mera formalidad que se enuncia con desgano y a las apuradas. No existe por parte de los colegios de abogados una intención  de fomentar en los abogados a la participación en la defensa de las clases populares. Hay más bien abstencionismo falta de iniciativa o voluntad en ese sentido y algunas escasas “buenas intenciones”, que son estos servicios de asistencia gratuita que brindan cuentan con poca infraestructura.

Con intenciones de revertir esta realidad, en 2008, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se crean los llamados “Centros de Acceso a la Justicia”. Los centros otorgan diferentes servicios en los barrios: mediaciones comunitarias, asistencia psicosocial en las diferentes instancias de resolución de conflictos, asesoramiento jurídico y difusión de derechos.

La propuesta, lejos de ser un mero servicio más a la comunidad, es un intento por revertir el paradigma de la justicia abstracta de los 90 y lograr que los sectores más excluidos participen de la institucionalidad.
En charla con Revista 2010, Florencia Carignano, directora de la Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la Justicia, explicaba: “Entendemos el acceso a la Justicia como un derecho fundamental de todo ser humano, porque más allá de estar garantizado en la Constitución, en la realidad esto no se plasma. Existen barreras económicas, sociales y culturales que impiden que la gente pueda acceder a los tribunales. Desde el hecho de no poder tomar un colectivo, hasta no saber qué reclamar por desconocer los derechos de que uno es sujeto”.

Los Centros de Acceso a la Justicia tratan de achicar esa distancia entre los derechos y su concreción. Se trata de que la gente no quede esperando eternamente ante las puertas de la ley. “El asesoramiento jurídico que puede dar tribunales no basta”, explica Carignano y agrega: “Si vas a tribunales te mandan al séptimo piso,  que no lo encontrás nunca, la gente se pierde y se va. Eso, si primero decidió tomarse un colectivo para llegar a tribunales, sumale además la jerga que se utiliza en los ámbitos tribunalicios,  la gente no la entiende. Todo esto hace que la gente termine no yendo”.

Emiliano Gareca, uno de los coordinadores del centro de la Villa 21/24 (Barracas) nos decía que “se trata de crear sujetos de derecho. Es necesario que la gente genere un vínculo con las instituciones. Acá en la villa, los únicos a los que se tiene respeto es a los curas y a los punteros, la gente ve a la justicia como algo ligado a lo policial, a lo represivo. Se trata, entonces, de que la gente sepa que los centros de acceso, y la justicia en general, son de ellos”.

Actualmente existen Centros de Acceso a la Justicia ubicados en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (La Boca, Caballito, Liniers, Montserrat, Tribunales), en diversas Villas de Emergencia (Villa Soldati, Villa 31 de Retiro, Villa 1.11.14 de Bajo Flores y 21/24 y 26 de Barracas) y también en el interior: Santa Fe, Rosario, Córdoba  y próximamente habrá en Santa Cruz.

Cada uno de los centros está relacionado con diferentes actores sociales, de manera que se dé un asesoramiento integral. Cuenta Florencia: “la idea de los centros es que funcionen en los sectores más vulnerables, para ello nos asociamos con actores políticos o sociales que tienen presencia y legitimidad en las diferentes provincias, por ejemplo en Santa fe nos asociamos a la FESTRAM (Federación de trabajadores municipales), que nos brindaron el lugar. Ese modelo lo replicamos en Rosario y en  la Universidad Nacional de Córdoba, y en Santa Cruz con la Asociación independiente de futbol de los barrios, que trabaja con chicos que necesitan contención social en Río Gallegos”.

Los centros de Acceso a la Justicia no son una novedad que interese a los medios monopólicos. Mientras las columnas de los principales diarios se ocupan de resaltar la perdida de la mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura o pasamos horas asistiendo al debate sobre el papel de la Corte, otros construyen estos espacios con propuestas concretas ante el problema de la justicia, palabra que no se reduce a un Poder del Estado ni mucho menos a la cúpula de ese poder, sino que también es una virtud de los hombres.
 

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