Revista #26 Abril 2009 > Medios de Comunicación

Comunicación, democracia y ley: el deber de ejercer un derecho

La cuestión del marco normativo de los medios de radiodifusión -los que usan el aire, espacio finito y propiedad de la humanidad- ha sido colocada otra vez en el centro del debate.

Por Magíster Santiago Marino (Docente-investigador UBA)

Los elementos que definen como medular este tema y el rol de los medios para la condición democrática de la sociedad en esta situación imponen un abordaje serio, responsable y comprometido con objetivos que son herederos de la declaración de los Derechos Humanos en 1948 y la planificación de una arena de medios como la que planteara el viejo informe Mc Bride. La situación permite sostener la hipótesis de que ni la discusión ni la gestión se agotan con la ley, sino que exigen acción y militancia.

La regulación de los medios de comunicación, materializada en la discusión sobre una nueva ley, esta vez en democracia, es central para el modelo de sociedad en que vivimos. Al momento de pensar en este tipo de temas -tan caro a los distintos movimientos sociales que luchan desde hace más de 20 años por democratizar las sociedades- es necesario incorporar elementos al debate. Para ello, pueden plantearse una serie de preguntas que guíen el abordaje y otorguen herramientas para desenredar la trama.

La primera cuestión es por qué es necesario sancionar una nueva ley de radiodifusión. Y las respuestas posibles (recortadas de una serie mucho más amplia, tal vez inacabada, quizá inacabable) establecen condiciones críticas sobre la estructura y la coyuntura. El marco normativo actual tiene como elemento clave una norma de facto (22285/80) que fue sancionado en la dictadura del ’76 al ‘83, la más cruel de nuestra historia, que reguló muchos aspectos de la sociedad y diseñó un sistema de medios centralista y privatista, con muchos sectores excluidos de sus derechos. Además, durante los 25 años de sistema democrático, a partir de gestiones y acciones del Estado y de la presión del mercado, se generaron condiciones aún menos democráticas en los niveles de acceso y participación a la información. Es necesario agregar que la concentración y centralización de la propiedad, producción y distribución de los discursos afecta la democracia y la construcción de identidades nacionales.

Un punto necesario para comprender la situación es reconocer el contexto para poder dar cuenta del marco, saber desde qué lugar parten las discusiones y cuál es el escenario. La coyuntura política que derivó de la representación que los principales multimedios nacionales (fundamentalmente los del Grupo Clarín, pero también el diario La Nación y las señales de noticias de Televisión por Cable) realizaron del lock out agropecuario puso en conflicto y tensión la relación del Gobierno nacional con el Grupo Clarín, otorgó presencia en la superficie de los medios a un tema necesario y oculto (ocultado) por los intereses económicos en pugna y permitió reflexionar sobre el rol y el carácter de los medios masivos de comunicación.

Una Ley para la democracia

El gobierno presentó el Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, que enviará al congreso luego de una serie de debates en la ciudadanía sobre el tema, en foros creados para tal fin. Resulta una iniciativa muy valiosa, dado que nuestro país tiene un sistema de medios fuertemente concentrado, extranjerizado y poco democrático, con vastos sectores excluidos del derecho a la información. El proyecto viene a “pagar una vieja deuda de la democracia”, en palabras de la presidente Cristina Fernández de Kichner.

El modelo de democracia de una sociedad se juega -entre otros aspectos- en la norma que regula los medios de comunicación y que decide quién puede acceder a licencias y quiénes quedan fuera de ese derecho. La clave está en cómo se concibe a la información: si es un derecho humano y se intenta garantizar el acceso y la participación, o si sólo es una mercancía con la que algunos pocos pueden hacer negocios y generar valor económico y también político. Es verdad que una ley de la democracia es una deuda histórica. Tanto como que (casi) todas las acciones que modificaron la norma durante los últimos 25 años generaron condiciones menos democráticas, como permitir la concentración, el crecimiento de los multimedios o la suspensión de los plazos de las licencias.

El proyecto de ley es una norma comentada, que da cuenta de los argumentos y de la legislación comparada (fundamentalmente la de EEUU y Europa) para sostener la normativa. Además sus objetivos y argumentos proponen avances para democratizar los medios, tales como: asegurar espacios equitativos del espectro para medios estatales, privados comerciales y sin fines de lucro; reducir el máximo de licencias por persona o empresa de 24 a 10 (hasta 3 en la misma zona de cobertura); crear un organismo de control con participación de minorías políticas con representación del Congreso; prohibir el control de operadores de TV por cable y canales de TV abierta por una misma empresa, permitiendo así que nuevos actores se sumen al mercado. La intención parece buscar la garantía del acceso y la participación, además de estimular la competencia para los medios comerciales. Y ya sufre críticas por parte de los empresarios de medios y de las fuerzas políticas de oposición, aunque será interesante ver qué argumentos utilizan para defender la actual concentración de propiedad de medios. Su tratamiento y sanción parece difícil, aunque es tan necesario como urgente. Claro que luego de que se sancione -si esto sucede- únicamente la aplicación de la ley democratizará las comunicaciones.

Es importante tener en cuenta que la sanción de un marco normativo democrático es condición necesaria pero no suficiente. La acción no se agota con la ley, así como su sanción durante un gobierno democrático no alcanza para convertirla en democrática. Complementarias a la ley son las gestiones de control y la militancia social. Sin embargo, parece  evidente que una normativa como esta puede mejorar la cultura y la comunicación del país. Resulta indispensable la sanción para consolidar la idea que exige, para sociedades democráticas, comunicaciones democráticas.

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