Miércoles 23 de Julio de 2014 - 13:01hs. - República Argentina Edición # 649

Revista #28 Junio 2009 > Educación

Régimen Especial Penal Juvenil

La Convención Internacional por los Derechos del Niño, ratificada por Argentina en 1991 e incorporada a la Constitución Nacional en 1994, establece en su artículo 37 que: “Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, encarcelamiento o prisión de un niño se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.


No hay que exigir a los niños responsabilidades que les competen a los adultos

Por María Elisa Ghea

Cabe entonces preguntarse por qué cada vez que los medios de comunicación masiva ponen relevancia en un hecho de violencia protagonizado o cometido por un menor, lo primero que se escucha con fuerza es “más mano dura y cárcel” para uno de los sectores más vulnerables del entramado social, desconociéndoles por un lado derechos civiles, y por el otro negando posibles circunstancias contextuales que llevan a que un niño/a o adolescente sea víctima y victimario al mismo tiempo.

El asesinato de Daniel Capristo, ocurrido en abril en la localidad bonaerense de Valentín Alsina y cometido por un menor de 14 años, reabrió una vez más el debate sobre si hay que bajar o no la edad de imputabilidad.

Algunos sectores sociales sostienen que con penas más duras y bajando la edad de imputabilidad se resolvería la cuestión. Sin embargo, esta postura esconde y no se hace cargo de al menos dos cuestiones. Por un lado, de que el buen o mal comportamiento de los niños/as y adolescentes como integrantes de una sociedad, de acuerdo a los cánones que esta última establece, no es casualidad. Por el otro, de que la casualidad no existe y el presente es consecuencia de las causalidades.

LEYES DE PROTECCIÓN QUE GARANTICEN LOS DERECHOS

Ya en el año 2007, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, con la colaboración UNICEF Argentina, elaboró un informe en base a una investigación realizada durante 2005, titulada “Privados de Libertad. Situación de niños, niñas y adolescentes en la Argentina”. El propósito fue relevar la situación a nivel nacional, nutrir los debates y acompañar los procesos de reformas normativas y de reconvenciones institucionales, a fin de instalar el modelo de “protección integral de derecho”.

Según los datos a los que arribó la Secretaría, en la Argentina, 19.579 niños, niñas y adolescentes, que comprenden a personas de menos de 18 años, están privados de libertad. De ese total, el 84,8% se encuentra bajo una medida judicial y/o administrativa en virtud de una causa “no penal”, esto es, por causas asistenciales, que la mayoría de las veces tiene como origen una situación de carencia socioeconómica.

Para la realización de este informe, la Secretaría de Derechos Humanos entendió por privación de libertad “toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública. Esta definición incluye la internación por motivos de protección y no sólo por infracciones cometidas por adolescentes a la ley penal. Se incluye también el internamiento en una institución clínica/médica ordenada por cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública”.

A pesar de que se han mejorado las políticas públicas destinadas a la protección de los menores en estos últimos años, estos datos no dejan de ser preocupantes en medio de una demanda de más mano dura por un sector de la sociedad, teniendo en cuenta que no existe aún en la Argentina una ley que contemple circunstancias particulares de menores que hayan cometido delitos, que la privación de la libertad de un menor debería ser el último recurso, y que el sistema tutelar actual no siempre garantiza este derecho, tal como lo determinan la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 37 b), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los menores privados de la libertad (regla 11b), y la Ley Nacional de Protección Integral N° 26.061 (Art.19).

El informe también hace hincapié en que al no estar garantizados estos derechos, estas circunstancias “se traduce en las medidas de privación de libertad” (eufemísticamente denominadas como “internación”, “tratamiento tutelar” o “medidas tutelares”) que:

 

 

  • no se encuentran determinadas en el tiempo,
  • no guardan relación con la imputación de un delito, ni son proporcionales a la gravedad del delito del cual se acusa a los niños/as y jóvenes,
  •  no resultan de un debido proceso legal (es decir de un proceso respetuoso de las garantías sustantivas y procesales), en el marco del cual se determine la responsabilidad penal,
  •  No contemplan la posibilidad de solicitar una revisión de la medida.

 

En este sentido, tanto en la cámara Alta como en Diputados de Nación se presentaron proyectos sobre Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Ambas cámaras, a través de jornadas debates, presentación de documentos y proyectos, han abordado la problemática y avanzan en consensos entre los bloques con el fin de crear un régimen que proteja a los menores de 16 años, garantizándoles los mismos derechos constitucionales de los que goza el resto de los ciudadanos.

En abril, la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, a cargo de Nora César, invitó a renombrados especialistas en la materia, y en las reuniones de labor correspondiente a la comisión se llegó a un acuerdo entre los bloques acerca de la necesidad de legislar para que los menores culpables de delitos no sean tratados con las leyes que hoy les competen a los adultos; también se acordó que es necesario adaptar la legislación en esta materia a los tratados internacionales que la Argentina incorporó a la Constitución Nacional en 1994, tal como han hecho el resto de los países de América Latina.

No se puede desconocer que con la actual normativa y el sistema tutelar, originados en el Decreto N° 22.278, los menores de 16 años son los únicos argentinos que pueden ser, y de hecho son, condenados a penas que incluyen la privación de la libertad sin mayor requerimiento que el criterio de los jueces. Algunas estadísticas mencionadas durante el debate por los legisladores hablan de que en la actualidad hay unos 1700 menores privados de la libertad en nuestro país.

La comisión de Legislación Penal cuenta con un documento de debate –y no como un proyecto legislativo- que es un estudio realizado por el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA, dirigido por Raúl Zaffaroni y Lucila Larrandart. El escrito toma como ejes de análisis los proyectos de ley de Régimen Especial Penal Juvenil, los presentados por los diputados García Méndez y otro de la diputada Vilma Ibarra, los cuales expresan y sintetizan gran parte de los acuerdos alcanzados con legisladores de otros bloques, como el de la diputada Müller, del FpV.

La idea que recorre los debates de la Cámara es alcanzar una ley de régimen penal para los menores comprendidos entre los 14 y 18 años, que les garantice tener un proceso justo; para esto hay consenso mayoritario en cuanto a que esta norma deberá considerar: no bajar la edad de imputabilidad, restringir la aplicación de las penas de privación de la libertad como el último recurso y sólo para delitos graves, y prever medidas alternativas de sanción, como son los servicios comunitarios para otros delitos.

Al mismo tiempo, los chicos tendrán derecho no sólo a ser escuchados por los jueces y fiscales, sino que también tendrán la responsabilidad de asumir las consecuencias de sus acciones, de manera que esta norma incorpora además los derechos de las víctimas, que en el régimen actual tampoco son debidamente considerados.

BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD NO RESUELVE NADA

En el marco de las reuniones con expertos que la comisión de Legislación Penal realizó, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, dio su opinión sobre una futura legislación Penal Juvenil. En el encuentro, el magistrado dejó en claro que la privación de libertad de un menor de edad debe ser el último recurso institucional, como a su vez también subrayó que la baja de edad para la imputabilidad no es la solución al problema.

Zaffaroni planteó que es necesaria una nueva legislación en esta materia, porque en el presente a los menores de entre 14 y 17 años se les aplican las mismas penas que a los adultos, no proporcionándoles ni el derecho a la defensa, ni el de ser escuchados, ni el de responsabilizarse de sus acciones, y poniendo a disposición de los jueces la vida del menor. Del mismo modo, el magistrado hizo hincapié en que es necesario dejar de criminalizar la pobreza, haciendo referencia, en este sentido, a la cantidad de menores que son enviados a los institutos por el hecho de no tener recursos económicos, por tener carencias afectivas o no contar con una familia que los contenga.

“La cuestión no es la imputabilidad sino la procedibilidad, es decir, desde qué edad se lo puede someter a un proceso penal a un menor. Aunque se lo someta desde los dos años, un proceso penal da garantías y lo primero que hay que probar en un proceso penal con todas las garantías es que el pibe haya hecho realmente lo que se le imputa” remarcó el magistrado.

En este sentido, Zaffaroni explicó que Brasil “tiene la procedibilidad desde los doce años, pero la pena que puede aplicársele al niño o al adolescente no puede exceder de cinco años. Cuestión que no se da en la Argentina, porque con el proceso penal del adulto actual a un chico se lo puede tener privado de la libertad hasta los 21 años “y “sin proceso penal”. Consultado sobre el porqué de tal situación, el ministro de la Corte Suprema afirmó que es “porque el menor puede quedar a disposición de un juez en forma arbitraria hasta los 21 años y eso es altísimamente peligroso por la falta de respeto a las garantías”.

Con respecto a la sensación de que han aumentado los casos de violencia protagonizados por menores, el magistrado explicó que, “si tomamos los delitos de homicidio y como índice que les preocupa la violencia, delitos violentos en adolescentes de 14 ó 15 años, son muy excepcionales. El dato de Capital Federal, es que en los últimos 5 años en la franja de 14 a 15 años tuvimos dos homicidios. De modo que el número es despreciable” y agregó “en realidad toda la criminalización de la faja de 14 a 15 años que se hace con pretexto de tutela o de ideología tutelar, es fundamentalmente criminalidad o delincuencia contra la propiedad”.

Con respecto a la propuesta de bajar de la edad de imputabilidad, dijo que “sería agravar la situación con otra inconstitucionalidad, porque se estarían desconociendo los pactos y convenios internacionales ratificados por Argentina”.

Es por ello que en el documento de Zaffaroni, la pena máxima que se aplicaría para un delito –que sería de cadena perpetua para un adulto procesado con los códigos vigentes- sería de 5 años para los jóvenes de entre 16 y 17 años.

Para Zaffaroni, es necesario aplicar esta escala para prever detalladamente las consecuencias de las disposiciones de la ley, ya que las mismas pueden ser graves. Y dijo que “los casos de delitos violentos cometidos por menores son excepcionales. A un menor jamás se le puede aplicar la pena de un adulto. Eso es lo que hizo la dictadura, porque tiene un grado de madurez emocional inferior. Por eso la futura ley en este sentido, debería dar un amplio abanico de posibilidades, en el cual la privación de la libertad sea la última instancia”, sostuvo Zaffaroni.

 GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Como bien sostienen especialistas en la materia, la aplicación de penas más duras o bajar la edad de imputabilidad, no resuelve la problemática. Pero las leyes por si solas no garantizan la inclusión, la socialización, la igualdad de oportunidades. ¿Qué se hace en el mientras tanto con ese menor que por equis circunstancias está en una situación de institucionalización? Si las políticas públicas deben estar centradas en la resocialización de ese niño/a o adolescente, entonces también tendrán que tener como premisa qué acceso a la educación y a las políticas de inclusión tienen y en qué condiciones atraviesan los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Se puede hacer el mejor código, la mejor ley que regule esta materia, pero deberá contar con instrumentos que no sólo tengan que ver con la infraestructura y los recursos materiales adecuados. Es necesario proveer de recursos humanos, económicos y simbólicos que aporten a una mejor calidad de vida de una franja tan vulnerable como lo son los más chicos. Chicos que protagonizan hechos de violencia, pero detrás de los cuales siempre hay un adulto que es el verdadero responsable. Muchas veces se trata de niños que son permanentemente violentados y excluidos del sistema. En este particular, la futura ley de Régimen Especial Penal Juvenil, también deberá contar con el apoyo de políticas públicas, como lo pueden ser las educativas, como una herramienta fundamental para la integración y contención social.

El licenciado en Ciencias de la Educación Roberto Marengo, sostiene que “es necesario coordinar las políticas públicas educativas para que los niños/as y adolescentes están en situación de vulnerabilidad social, encuentren en este espacio una posibilidad cierta de realización personal”.

“Una nueva ley de Régimen Penal Juvenil, tendiente a la protección, más allá de las cuestiones jurídicas, tendrá que tener en cuenta cuáles serán los mecanismos y posibilidades educativas que permitan la integración de los chicos”, sostiene Marengo.

El especialista en educación da un ejemplo concreto con respecto a las políticas que deben implementarse: “Supongamos que el chico está en una situación de institucionalización judicial penal, tenemos que garantizar entonces que continúe con su educación, sin que la privación de la libertad se constituya en una privación que agregue a ésta la privación de sus derechos ciudadanos, como el derecho a educarse, y realizar esfuerzos adicionales para acceder a una formación complementaria que mejore sus posibilidades en relación con la integración social como, por ejemplo, la posibilidad de adquirir la consiguiente acreditación de saberes laborales”.

Por otro lado, el acceso a la educación, la posibilidad de implementar programas no focalizados de enseñanza, el acceso a becas, la promoción de la continuidad de estudios, incluyendo el nivel superior, la formación para el trabajo, para el deporte, para participar en proyectos solidarios con su comunidad, conforman también una política más que importante para que los jóvenes no sólo estén contenidos sino que al mismo tiempo desarrollen todas sus potencialidades. “El acceso a la educación es un derecho social, pero además es la mejor herramienta que podemos tener para cuidar el futuro de los pibes y el del conjunto de la sociedad argentina” subraya Marengo.

Hay que reconocer que lo que sucede -para bien o para mal- con los más chicos es consecuencia de la no atención de los mayores, de la falta de respuestas para la construcción de un mundo mejor para ellos, y del abandono e irresponsabilidad de los adultos que los dejan solos y a la deriva en la búsqueda de esas condiciones que les permita vivir mejor.

Indudablemente es necesario atender cada situación de criminalidad en la que esté involucrado un menor, pero es cierto, además, que es urgente atender qué llevó a que cometiera un delito y saber quién detrás de él es el responsable. No les podemos exigir a los niños responsabilidades que les competen a los adultos.

Por descuido, omisión o abuso, son los menores de edad las mayores víctimas de los actos de violencia por parte de los adultos. Para resolver esta cuestión es necesario llevar a la práctica políticas públicas no focalizadas, sino integradas, que den respuesta a las necesidades que hoy se presentan. Esta responsabilidad no es sólo de un Estado y de los gobiernos que administran, sino también de la sociedad en su conjunto, la que deberá asumir el compromiso para con los niños, niñas y adolescentes de que se respeten sus derechos y garantías.

 

 

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