Revista #37 Abril 2010 > América Latina

Paramilitarismo: sustentación ideológica de seguridad

El caso paraguayo

Por Gustavo Torres

Las inagotables “evidencias” de la laptop incautada al guerrillero asesinado Raúl Reyes, durante el operativo militar colombiano que implicó bombardeo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano en marzo de 2008, incluyen, según la fiscalía colombiana, un capítulo exclusivo referente a Paraguay que daría por sentado una “alianza” entre las FARC y el fantasmagórico Ejército Paraguayo del Pueblo (un espectral grupo sin control territorial, ágrafo, del que no se conocen escritos políticos de fondo, salvo algunos panfletos sueltos reportados por la prensa) para realizar secuestros extorsivos en Paraguay. Esta supuesta vinculación es el eufemismo sonante que los grupos económicos de ultraderecha instalan para relacionar cualquier fuerza irregular que surja en el país con la izquierda y las organizaciones campesinas.

En este sector está agrupada parte de la oligarquía más conservadora de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), de los gremios sojeros (Coordinadora Agrícola del Paraguay, Unión de Gremios de la Producción, etc.), del Parlamento Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. Frecuentemente buscan relacionar el método terrorista con las acciones reivindicativas de las organizaciones sociales, progresistas y de izquierda, con el fin de obstaculizar cualquier iniciativa de cambio propuesto por el gobierno de Fernando Lugo. Con este argumento defienden la sustentación ideológica del paramilitarismo como aparato de seguridad para enfrentar a la quimera  “subversión rural”, recurriendo a una interminable cadena de calumnias con las que tratan de ensuciar el prestigio del Gobierno y los líderes políticos y sociales ubicados dentro de la izquierda paraguaya.

El fenómeno paramilitar no es reciente y según el historiador colombiano Edgar Velásquez, a estas prácticas han recurrido históricamente tanto las élites políticas como los grupos de poder económico, así como también sectores mafiosos con el fin de expandir su poder y afianzarse en él. La noción de este triste fenómeno visualiza  con mayor fuerza con los grupos formados durante el período del nazismo alemán, siendo el caso de los SS o las Camisas Negras un emergente paradigmático de la Italia fascista de Benito Mussolini. Las experiencias de Malasia y Kenia en el momento en que las fuerzas de ocupación inglesa crearon los Homes Guards son para ser tenidas en cuenta; en Vietnam también los estadounidenses utilizaron a los Boinas Verdes como grupos de choque, mientras los militares franceses libraban su guerra colonial en Argelia (1954-1962), teorizando con posterioridad la doctrina de seguridad de “enemigo interno” como estrategia contrainsurgente, que servirá posteriormente como método para hacer desaparecer a miles de personas dentro del “Operativo Cóndor” en el Cono Sur, correlativo de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).

En nuestra región, el paramilitarismo está sustentado en grupo de escuadrones de la muerte -en su vertiente ultraderecha-, como la Alianza Anticomunista Argentina (Tripe A) o el Comando Caza Tupamaros de Uruguay, que fueron reconvertidos más tarde en Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala y El Salvador; pasando por la autodefensa popular en el Perú de Fujimori, institucionalizadas luego como Rondas Campesinas y Urbanas, del que se nutren las Autodefensas Unidas de Colombia, de fuerte vinculación también con el narcotráfico; hasta llegar a los grupos paramilitares de Chiapas, Máscara Roja, Paz y Justicia y Los Chinchulines en México, como explica el periodista e investigador mexicano, Carlos Fazio. Los hechos mencionados serán puntos aleccionadores para compendiar el fenómeno paramilitar en Paraguay, sustentado actualmente por un sector de la oligarquía dominante como percepción de seguridad  para enfrentar el “terrorismo de izquierda”.

“Comando Anticomunista Paraguayo”

La elección del ex obispo de San Pedro Fernando Lugo Méndez como presidente del Paraguay en las elecciones del 20 de abril de 2008 quebrantó, en cierto sentido, el sistema bipartidista liberal conservador. Con el desplazamiento del Partido Colorado (ANR) después de más de 60 años de gobierno ininterrumpido y la poca opción transformadora que acompaña al el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) como principal sostén del gobierno y depositario de la Vicepresidencia, el sector liderado por el vicepresidente, Federico Franco, muy pronto pasó a la oposición, buscando el apoyo de la ANR, de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) y del partido Patria Querida (PQ) para ocupar el sillón presidencial. Facciones importantes de los centenarios partidos (ANR, PLRA) están íntimamente ligadas a la vieja estructura de una burguesía favorecida por el Estado (licitaciones fraudulentas, proveedor del Estado), la economía extractiva -como la agroganadería, ligada a su vez al latifundio-, y la economía informal y mafiosa.

En estas condiciones, la oligarquía dominante paraguaya empieza a marcar su dominio en la Corte Suprema de Justicia, la Justicia Electoral, la Fiscalía General del Estado y en un Congreso bicameral hecho a la medida y fortalecido por el sistema de elección de “listas sábanas” con una clara oposición destituyente. Si bien el gobierno de Lugo ha demostrado pocas señales para romper con esa “vieja estructura”, la aparición de nuevos actores políticos y sociales empieza a dificultar la hegemonía absoluta de este grupo dominante,  con representantes dentro de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), el sector agroexportador y sus variantes mafiosos ligados por décadas al poder político (narcotráficos, contrabandos, etc.). En esta coyuntura, es notoria la presencia activa de personalidades que de manera fáctica son partícipes de la obstrucción abierta o encubierta de cualquier pretensión de cambio que pudiera peligrar sus antiguos privilegios heredados de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), lanzando campañas de desprestigio para desestabilizar al presidente Fernando Lugo y criminalizar a la izquierda política, utilizando como voceros a los principales medios masivos empresariales.

En ese aspecto, se evidencia la tendencia paramilitarista como modelo de seguridad imitable. Es alarmante la aparición la aparición de un documento público llamando a asesinar o perseguir “comunistas” a través del Comando Anticomunista -lanzado como termómetro para medir su adhesión- de una regional ganadera del departamento de San Pedro de la ARP (precisamente, el Obispo devenido Presidente es germen de esta región donde la disputa político-ideológica es constante, debido a una extraordinaria experiencia unitaria y de movilizaciones sociales y campesinas). En medio de ese forcejeo y con el secuestro extorsivo del ganadero Fidel Zavala, atribuido al autodenominado y fantasmático Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el empresario chileno Eduardo Avilés Lambie filtró un manifiesto con el fin de formar un grupo paramilitar para asesinar o perseguir “comunistas”, pronunciamiento que nunca tuvo en cuenta la Fiscalía General de la República para tomar alguna medida judicial-policial. Avilés está radicado en Paraguay desde 1987, después de ser expulsado de Chile tras un atentado contra el presidente socialista Salvador Allende, cuando pertenecía al movimiento Patria y Libertad (fue el más grande movimiento neofascista de Chile durante el gobierno de este mandatario). Tras el secuestro de Zavala, Avilés sugirió a sus pares ganaderos no sólo juntar dinero para pagar el rescate del ganadero secuestrado, sino que se “eliminara de una vez a los comunistas”, antes de que destruyeran al país, mediante la creación de un Comando Anticomunista Paraguayo.

En tal sentido, el ex presidente de la ARP, Alberto Soljancic, también se mostró favorable a la creación de grupos armados para autodefenderse ante la serie de secuestros atribuidos al supuesto Ejército del Pueblo Paraguayo. “Ya no hay otra fórmula. Qué garantías nos da el Estado de volver de nuestras estancias. Aquí ya hay una guerrilla declarada y nadie hace nada. Una vez que nuestro compañero Fidel Zavala vuelva de su secuestro, pues ya no podemos cruzarnos de brazos”, había declarado Soljancic al diario Última Hora. Según el informe elaborado por la Misión Internacional de Observación llevada a cabo en julio de 2006, una de las empresas más importantes de “seguridad”, Águila Seguridad Privada, pertenece al hermano del ex presidente de la ARP, Alberto Soljancic.

Pretextando la existencia del EPP y su supuesta conexión con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el senador colorado Martín Chiola, médico y empresario acusado por varias víctimas de la dictadura y por organismos de derechos humanos como uno de los agentes más activos de la tortura durante el régimen stronista, señaló que “algo se está gestando” para formar grupos paramilitares y contratar sicarios, dado que “el gobierno es incapaz de terminar con la guerrilla y los secuestros” del EPP, sosteniendo que dicho grupo es de extrema izquierda, atribuyéndosele varios secuestros e intentos frustrados de otros plagios.

El actual titular de la ARP, Juan Néstor Núñez, así como la ganadera Mary Llorens expresaron la necesidad de contar con grupos que pudieran ayudarlos a proteger sus estancias. En tal sentido, poco antes del llamamiento de Eduardo Avilés Lambie, el apoderado de la estancia “Toro Blanco”, del distrito de Abai (departamento de Caazapá), Mario Centurión publicó una solicitada en el diario Abc Color pidiendo “por lo menos 20 hombres valientes para trabajar 1000 hectáreas” en el cultivo de soja, con el objetivo de salvar la propiedad. “Pienso que con 20 hombres corajudos, armados hasta los dientes, podemos repeler a los bandidos y trabajar tranquilos allí (…) hago esto porque el Estado paraguayo, administrado ahora por el cura guerrillero Lugo y su equipo de marxistas no nos protegen y porque no me voy a rendir”, concluía la solicitada firmada por el abogado Mario Centurión. Según el periodista e investigador paraguayo Nemesio Barreto, la hacienda “Toro Blanco” es propiedad del señor Claudio Zichy Thyssen, cuya familia ha tenido vínculos tanto con el nazismo en Alemania como con la última dictadura militar sufrida en la Argentina entre 1976 y 1983.

El anticomunismo tardío –pensamiento que nunca se disipó- es el mismo que se sustenta en la Doctrina de la Seguridad Nacional enarbolada por la dictadura stronista (contra el comunismo internacional) y que sirviera como base programática de un sector de la oligarquía paraguaya mantenida en las principales estructuras del poder estatal, que aprendiese a combatir al “enemigo interno” en cursos de la Escuela de las Américas o en instituciones militares de países vecinos cuyos ejércitos conformaban la Operación Cóndor. Paraguay fue calificado por el Presidente estadounidense Richard Nixon como un modelo de régimen político y eje estratégico para la lucha contra el comunismo. “No conozco otra nación que se haya levantado más fuerte que la suya en contra de la amenaza del comunismo”, había dicho Richard Nixon a Stroessner el 4 de mayo de 1968 durante su visita a Asunción.

El “asesoramiento colombiano” y el modelo agroexportador

El pacto Lugo-Uribe se inscribe en el marco de la cooperación contra el terrorismo y la insurgencia. De esta manera, Colombia se asocia al Paraguay para exportar su “éxito” de la “seguridad democrática” en el combate a la guerrilla de las FARC y el paramilitarismo, que antes estaba en manos de agencias estadounidenses y que hoy a través de Colombia tiene su sabor latino como manera de vaciar el término “colombianización” de su connotación negativa. Lo contradictorio en este aspecto es la posición del gobierno de Lugo. Por un lado, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, ha reiterado que no hay guerrillas en el Paraguay y que tampoco se les puede poner un plazo límite a las fuerzas públicas para capturar a los integrantes de la banda del EPP. Sin embargo, los acercamientos con sus pares colombianos son públicos y expresan profundo interés por “luchar contra el terrorismo” y los secuestros. “El Ministerio del Interior es el brazo ejecutor de la política norteamericana de seguridad en la región y sigue a pie juntillas las indicaciones de los entrenados “especialistas” colombianos que rodean al ministro, ahora ya de manera permanente”, sostiene el sociológo Tomás Palau, de la Ong Base IS.

Lo retrógrado de recibir este tipo de asesoramiento se evidencia con la articulación de figuras conocidas como “servicios”, informantes civiles que obran por recompensa (conocidos en el Paraguay como “pyrague”, delator en guaraní). Es sabido que esta “estrategia contra el terrorismo” en Colombia involucra en la práctica al propio ejército, a través de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”: verdaderos crímenes de Estado contra civiles que el ejército los hace pasar por “guerrilleros muertos en combate”, disfrazándolos con prendas del uniforme.

Lo preocupante en el caso paraguayo es que, teniendo en cuenta que el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos ya es una amenaza para el Continente, lo será aún más para el Paraguay, que está intentando recuperar y reorganizar sus instituciones perdidas, principalmente sus fuerzas de seguridad. No obstante, se dificulta tal recuperación con un cuerpo político en el gobierno guaraní que presenta contradicciones en cuanto a la implementación de políticas de seguridad. A esto último se le suma una importante participación de órganos paramilitares en las zonas de producción agrícola y en las regiones fronteras, amparados por mafias y grupos de poder de todo tipo. Al respecto, la investigadora argentina Claudia Korol sostiene que estos grupos armados generalmente son integrados por ex policías y militares. “Gran parte de los cuatrocientos oficiales pasados a retiro por ser partícipes del golpe del ex general Lino Oviedo”, arguye Korol. “Mano de obra desocupada” que ahora actúa a sueldo de las mafias políticas y de los latifundistas. Las plantaciones extensivas de soja que están rodeando a las poblaciones campesinas e indígenas se han convertido en poco tiempo en el principal demandante de guardias de “seguridad privada”, junto con el latifundio ganadero. Con su presencia, se han cobrado brutales asesinatos a dirigentes campesinos y pobladores rurales, una muestra muestra de lo lejos que puede llegar la violencia del negocio de la agricultura latifundista.