Revista #37 Abril 2010 > América Latina

Modelos que no se rinden

Recursos naturales estratégicos o no. Políticas que se debaten entre la privatización o la estatización. En este escenario se encuentran Chile, Perú y Colombia.

Empresas estatales y petróleo

Por Diego Otondo

Las empresas privadas o estatales no son en sí mismas ni buenas ni malas, pero tienen algunas diferencias, como la responsabilidad social y la concepción estratégica nacional. En América Latina la concepción del Estado y el sentido que lo reviste puede tener variantes disímiles. Cada gobierno tiene diferencias con respecto a la responsabilidad social que le compete, y puede llevar a cabo emprendimientos de carácter socio-político con las empresas estatales o no. En este sentido, el llamado mercado o las empresas privadas sólo persiguen un interés propio, no social ni altruista; siempre los costos y los beneficios guiarán las metas.

Pero lo mismo puede ocurrir con las empresas estatales. En muchas ocasiones incurren en un camino neoliberal, dejando de lado intereses de Estado y soberanos. “Transformar los contratos de concesión en contratos de locación de servicios, pagarles a las empresas por sacar el petróleo y que el Estado defina cuánto se extrae, a quién se le vende y a qué precio”, es como define Gustavo Callejas del Grupo Moreno la tarea de Evo Morales en Bolivia. Lo que se piensa de las empresas varía según el modelo que se adopte y el interés nacional que se persiga en cada país.

Beneficios a terceros

Federico Bernal, de la Universidad del Salvador, sostuvo que “es fundamental que los países de la periferia tengan una empresa estatal, porque si dejamos librados a que el petróleo caiga en manos privadas, en su mayoría son empresas extranjeras.” “Petrobras (Brasil), Pemex (México), PdVSA (Venezuela), PetroEcuador y ahora YPFB (Bolivia), con sus particularidades, son empresas estatales que habilitan, con un mayor o un menor porcentaje pero siempre más de la mitad, la captura de la renta petrolera por parte del Estado nacional…” (Alfredo Zaiat, “La renta petrolera”. Página /12, 6 de mayo de 2006).

Sin embargo, cada empresa estatal depende del gobierno y del interés nacional, del prisma ideológico con el cual se evalúa determinada situación. Por ejemplo, la empresa petrolera estatal colombiana ECOPETROL, creada por la Ley 165 de 1948 y el Decreto 030 de 1951, ha sido transformada de una empresa industrial y comercial del Estado a una “sociedad pública por acciones”. El camino escogido por el  presidente Álvaro Uribe tomó como meta la disciplina fiscal: se redujeron el 30% de los gastos estatales. "Hasta el momento hemos logrado intervenir 37 entidades del Estado, se han tomado decisiones para eliminar 26 mil cargos públicos. Ya se han ejecutado decisiones por 16 mil cargos públicos", explicó Uribe en 2007, momento en que ECOPETROL se encontraba militarizada por las protestas de sus trabajadores.  

Las denuncias, como no podía ser de otra manera, apuntan a la privatización de la petrolera estatal colombiana.  En la gestión del ex presidente Andrés Pastrana,  y luego la de Uribe,  se aprobó un Reglamento de Transporte que obliga a ECOPETROL a prestar su infraestructura a las trasnacionales para introducir combustibles al país, según un informe de Gustavo Triana, Secretario de Asuntos Energéticos de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT). Triana sostiene que Uribe “afianza a Chevron Texaco, Exxon-Mobil, Amoco-BP, Occidental, Shell y demás trasnacionales en la toma de la industria petrolera nacional”.

Calderón y PEMEX

El debate en Colombia se traslada a México desde la misma matriz ideológica. En enero de 2010, un millón 238 mil barriles diarios, con un valor total de dos mil 754 millones de dólares, fue el balance de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). La idea de Felipe Calderón es encontrarle la vuelta al asunto para que la privatización sea un hecho. La ministra de Energía, Georgina Kessel, expresó que Pemex necesita el apoyo de empresas especializadas para obtener tecnología y capitalizar un programa de expansión (diario El País, 2 de abril de 2008).

Para comprender hacia dónde se dirige México con Calderón, el diario El País de España nos sugiere: “Un informe elaborado por el Ejecutivo sobre la situación de Petróleos Mexicanos describe la grave situación del gigantesco monopolio estatal en los siguientes términos: México tendrá en los próximos años un déficit de 500.000 barriles de petróleo diarios, equivalentes a 14.000 millones de dólares anuales menos, si no recurre a la prospección de nuevos yacimientos a grandes profundidades de hasta 3.000 metros en aguas del golfo de México. Para ello, necesita tecnología punta, de la que PEMEX carece y que sí está al alcance de grandes multinacionales extranjeras del sector, como Exxon Mobil, BP, Shell o Repsol-YPF”.

El petróleo para México equivale al 40% de los ingresos fiscales totales. El plan incluye otorgar incentivos a las empresas privadas para la refinación, exploración y almacenación. Según la revista mexicana Fortuna, con el arribo de Juan José Suárez Coppel (ex tesorero corporativo de Televisa) a la petrolera para hacerse cargo de las finanzas, se concreta una nueva etapa hacia la captura de la poderosa paraestatal. Y agrega que “con la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, la tarea de vigilancia de la paraestatal será aún más difícil”.

El camino más corto

A la lucha en Colombia y México por la no privatización de las empresas petroleras, se suma la estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Dice el diario golpista El Mercurio sobre el déficit que genera la empresa: “Cabe esperar que las deficiencias y pérdidas de ENAP se solucionen con pragmatismo, como ha ocurrido en tantos otros países, especialmente Rusia, Brasil y México, que se vieron forzados a reformar sus empresas estatales petroleras. Este cometido exigirá que legisladores y gobernantes se resuelvan a abordar la privatización de ENAP y el régimen de los hidrocarburos, poniendo el interés nacional por sobre las ideologías, los intereses políticos y las presiones gremiales”.

El interés chileno está puesto en el Sistema de Empresas Públicas (SEP). Senadores como Carlos Bianchi, miembro de la Comisión de Minería y Energía del Senado, sostienen que si ENAP pasa a formar parte de dicho organismo, la privatización será un hecho. “Esta iniciativa apunta descaradamente a la privatización de empresas como ENAP y ENAMI (Empresa Nacional de Minería), porque la experiencia nos recuerda que las empresas que pasan al SEP terminan siendo privatizadas, como fue el caso de las sanitarias”, argumentó el senador.

Para Alejandro Foxley, senador de la Democracia Cristiana, el funcionamiento de las empresas públicas es anacrónico. En el mismo sentido se expresó Eduardo Frei Ruiz.  Ante este panorama, el presidente de la Federación de Trabajadores del Petróleo y Afines, Jorge Matute, sostuvo en la misma dirección que Bianchi que “si uno mira las empresas que han ingresado al SEP, la mayoría de éstas han sido privatizadas y a las otras les ha ido muy mal”.

En cuanto a la tarea social, Matute afirma que la “empresa también tiene un compromiso con los más pobres, pues los recursos que le aporta al tesoro público ayudan a financiar las política sociales del Gobierno”.

Modelo ideal

En Perú las discusiones y los debates políticos siguen la misma senda que Chile, Colombia y México. La modernización y el déficit de PETROPERÚ son los ejes en los cuales la palabra privatización emerge como solución inmediata de un problema que atañe a la estrategia y a la soberanía de un país como Perú.

En la década de los 90, PETROPERÚ sufrió una privatización fragmentada. La refinería La Pampilla –ahora en manos de la española Repsol- , la flota naviera, la compañía Sol Gas, y lubricantes Petrolube fueron parte del “botín” entregado a manos privadas. Incluso se realizó una inversión por parte del Estado de 200 millones de dólares para hacerlo más atractivo a los inversores extranjeros.

No todo terminó con la privatización por fragmentos. Para Juan Castillo More,  dirigente de la Coalición de Trabajadores de PETROPERÚ, el intento del director general de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Róger Díaz, para que la empresa quede bajo la órbita del Sistema Nacional de Inversión Pública significa el fin de la autonomía. Por otro lado, los trabajadores creen que se trata de un proceso previo a la privatización total.

El año pasado el ministro de Energía Pedro Sánchez, ante la caída de los precios del petróleo, manifestó que “PETROPERÚ va a revisar su estrategia de cómo ha de proceder con la implementación de la modernización de la Refinería de Talara”. Sánchez fue funcionario de la COPRI, organismo encargado de las privatizaciones, durante el gobierno de Alberto Fujimori y posteriormente en el de Alejandro Toledo cuando quiso privatizar Egasa y Egesur, empresas de electricidad.

Pero el proyecto del ministro de Energía se pospuso. En opinión del periodista peruano César Hildebrandt, la decisión de posponer el proyecto de modernización de la Refinería de Talara satisface las expectativas privatizadoras del Gobierno. En el mismo sentido, la entrada de PETROPERÚ en la Bolsa de Valores de Lima sigue el ejemplo de la colombiana ECOPETROL, que vendió el 20% de sus acciones. Hildebrandt lo sintetiza de la siguiente manera: la privatización mediante la bolsa. Según informa el diario La República de Perú, “el experto en temas de hidrocarburos Aurelio Ochoa indicó que esta medida será saludable para el estado financiero de la empresa, pero advirtió del riesgo de ser el punto de partida para el proceso de privatización de PETROPERÚ”.

De modelos y debates
    
Las discusiones que atañen a las petroleras en el caso de Perú, Colombia y Chile, esbozadas muy sintéticamente, sobrevuelan algunos ejes históricos en América Latina. Los recursos estratégicos lo son cuando los Estados los utilizan como tales. La apropiación de la renta, en este caso petrolera, lejos de pertenecer a una causa nacional, se embarca en la discusión de dos maneras de interpretar la realidad, desde una mirada economicista.

La renta petrolera se discute sobre la base de dos modelos: el Estado o la privatización. La pugna por cuál será el camino más apropiado impide determinar un interés latinoamericano que pueda ponerse en práctica. Mientras tanto, la fórmula que divide para reinar funciona a la perfección. Uribe, Alan García o Sebastián Piñera consagran la visión que no encaja con proyectos geopolíticos latinoamericanos, sino con proyectos geopolíticos desde el centro hacia la periferia.

En otros países como son los integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Américas, la renta petrolera pasó a ser una cuestión de Estado e interés nacional. Bolivia, que regaló durante mucho tiempo su renta, estableció mediante la nacionalización una distribución del 82% para el Estado y un 18% para las empresas. Lo mismo ocurrió en Venezuela con PdVSA.

Los modelos en juego se resumen en lo que puede ser potencialmente estratégico o sólo una carga fiscal para el Estado, a la que hay que entregar a causa de la ineficiencia administrativa. PdVSA, según la revista mexicana Fortuna, “en 2007 aportó 6 mil 761 millones de dólares para el Fondo de Desarrollo Nacional, en obras de infraestructura, vialidad, actividades agrícolas, de salud y educación”.

Los modelos exitosos vendidos diariamente por la prensa contienen en sus premisas, al menos en estos casos, los mismos debates que en la Argentina dieron lugar a una palabra que está de moda por los servidores de la socialdemocracia: crispación. Pero los debates y los modelos existen, los caminos son compartidos y las disputas un encuentro. En definitiva, la integración regional, políticamente hablando, no será de ninguna manera un sueño hecho realidad hasta que la región deje de mantenerse en un empate perpetuo y consagre la fórmula desde la periferia hacia el centro y no su fórmula inversa.